La deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud, a 30 de septiembre de 2011, ascendía a 5.826 millones de euros, según estimaciones de la encuesta trimestral que lleva a cabo Farmaindustria entre sus asociados. Esto supone un incremento del 24,4% respecto a la deuda con la que se cerró el año 2010, que fue de 4.685 millones de euros. Este crecimiento en los nueve primeros meses del año supera en casi cinco puntos el registrado en el mismo período de 2010 (19,5%) y es el más alto desde que se realiza seguimiento trimestral de la deuda (2006). En cuatro años (desde 2007), la deuda se ha duplicado.

El período medio de pago del SNS ha pasado de los 390 días al cierre de 2010 a 468 días en septiembre de 2011, 36 días más que en junio (432). Es decir, en la actualidad los servicios autonómicos de salud deben a los proveedores las compras de los últimos 15 meses y medio.

Es previsible que la situación en el corto plazo siga empeorando, puesto que tradicionalmente el último trimestre es el período en que más aumenta la deuda, al irse agotando los presupuestos anuales disponibles.

Este incremento de la morosidad en el último año se debe fundamentalmente a que las comunidades están realizando menos pagos que en otros años, puesto que el indicador de ventas de medicamentos a hospitales permanece plano, como consecuencia de los descuentos obligatorios introducidos en el RDL 8/2010: el crecimiento en los últimos 12 meses fue del 0,8% (junio 2011).

Esta situación no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo y exige una solución urgente. Es necesario, por una parte, que la financiación sanitaria sea suficiente y realista y que se apliquen las partidas presupuestarias a su finalidad con todo rigor, para evitar que la situación siga empeorando en el futuro. Por otra parte, y al mismo tiempo, es necesario establecer un mecanismo que permita abordar el pago de la deuda acumulada. La industria farmacéutica está dispuesta a estudiar la mejor manera de hacerlo en un acuerdo con el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas que cuente con el aval del Estado y que garantice el cobro íntegro de las cantidades adeudadas, pues está en juego la credibilidad internacional de España así como la garantía de que los pacientes puedan seguir recibiendo con normalidad sus tratamientos.