El Real Decreto-ley 9/2011 aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, que incluye un paquete de medidas de política farmacéutica, supone de nuevo un durísimo golpe para la industria farmacéutica española y va a tener unos impactos muy elevados que repercutirán negativamente sobre el empleo y las inversiones en I+D, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas compañías.

Se trata del tercer Real Decreto-ley en 18 meses que afecta al sector farmacéutico, con impactos totales cercanos a los 5.000 millones de euros, lo que equivale a un 30% de su mercado, a lo que hay que sumar los graves efectos que están teniendo para el sector algunas medidas de política farmacéutica adoptadas por ciertas comunidades autónomas.

En este contexto, se producirán nuevos recortes en el empleo (en el último año se han perdido ya más de 5.000 puestos de trabajo directos y otros 15.000 entre indirectos e inducidos) y en las inversiones en I+D, hechos muy graves para nuestra economía, máxime si pensamos que la industria farmacéutica es la principal locomotora de la I+D en España.

No se puede exigir tanto a un sector y ponerlo en una situación límite para sostener la sanidad y las cuentas públicas. La solución a las tensiones financieras que viven las comunidades autónomas, y que afectan de manera especial a la sanidad, no pasa por más recortes a la industria, sino por dotar a nuestro sistema público de salud de más recursos económicos que acaben con la histórica insuficiente financiación del mismo, y lograr ahorros a través de una mayor eficiencia en el gasto sanitario en otras muchas partidas.

En este sentido, el paquete de medidas aprobado no soluciona dichos problemas financieros e incluye iniciativas innecesarias desde el punto de vista económico. Tal es el caso de la generalización de la prescripción por principio activo, puesto que si un medicamento original con marca tiene que igualar el precio del genérico para ser dispensado, como contempla este RDL, no se produce ningún ahorro adicional. Además, tal y como han manifestado numerosas sociedades científicas, esta medida es muy problemática desde el punto de vista sanitario, puesto que puede afectar a la adherencia a los tratamientos de muchos pacientes.

La industria farmacéutica, por lo tanto, rechaza este Real Decreto-ley y, en todo caso, pide que se instrumenten los mecanismos necesarios para que los ahorros que se van a producir como consecuencia del mismo redunden en beneficio de la sostenibilidad financiera del SNS y no vayan a cubrir otras partidas del gasto público ajenas a la sanidad; y sirvan asimismo estos ahorros para pagar la deuda contraída con los proveedores del sistema, que en el caso de la industria farmacéutica supera los 5.400 millones de euros.

Por último, la industria quiere reconocer el papel que en las últimas semanas han llevado a cabo distintas organizaciones, y en particular el realizado por el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, en la búsqueda de soluciones en el marco de este RDL a favor de la innovación y de las pequeñas y medianas empresas, colectivo que vertebra un importante tejido empresarial en nuestro país.