Farmaindustria se une a la oposición expresada por el sector farmacéutico al Plan de Estabilidad para la Farmacia Andaluza y a la decisión hecha ayer pública por la Consejería de Sanidad de iniciar el desarrollo de los marcos normativos necesarios para implementar algunas de las medidas previstas en él a pesar de no contar con el apoyo de los agentes del sector.

Desde la industria farmacéutica innovadora se ve con honda preocupación la posibilidad de que se imponga un procedimiento de licitación o subasta de medicamentos que obligaría a las farmacias andaluzas a dispensar exclusivamente el medicamento o producto sanitario concreto que, dentro de un subgrupo farmacéutico, haya decidido el Servicio Andaluz de Salud excluyendo otros que se encuentran al precio nacional autorizado.

Esta medida supondría un nuevo caso de ruptura de la unidad del mercado farmacéutico en España y de la cohesión del Sistema Nacional de Salud, además de una clara discriminación a los pacientes andaluces, que pueden ver excluidos de la prestación farmacéutica medicamentos que cumplen todos los requisitos legales para recibir financiación pública, y que están financiados en el resto de comunidades autónomas.

Asimismo, sería una decisión cuestionable desde el punto de vista jurídico y legal, pues invade las competencias exclusivas del Estado, que es el que decide los medicamentos que se incluyen en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y su precio, competencias que se consagran tanto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS (Ley 16/2003), como en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Ley 29/2006).

Farmaindustria advierte, además, de las graves consecuencias que tendrá para las compañías farmacéuticas cuyos productos pueden quedar excluidos de la prescripción y dispensación en Andalucía, y muchas de las cuales serían expulsadas del mercado. La industria, la distribución y las farmacias ya ha sufrido importantes recortes por la política de control del déficit público, como consecuencia de los Reales Decretos Ley 4/2010 y 8/2010.

Esta nueva iniciativa llevaría al sector a una situación inasumible en la comunidad autónoma andaluza, que se traducirá en importantes pérdidas de empleo, con el riesgo de que se deteriore un servicio básico para la población.

Farmaindustria ofrece su colaboración para buscar soluciones al problema financiero de las comunidades autónomas en materia sanitaria, convencida de que sólo dotando de más recursos al Sistema Nacional de Salud será posible afrontar las dificultades actuales sin el riesgo de reducir el nivel y la calidad de la prestación, como representa esta medida, y de estrangular a los proveedores, reduciendo su aportación en términos de empleo, inversión e investigación.