El director de Relaciones con las Comunidades Autónomas y el director de Departamento Técnico de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe y Emili Esteve, respectivamente, criticaron hoy en Toledo la decisión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de (SESCAM) de retirar del programa de prescripción de médicos (TURRIANO) 133 medicamentos que a partir de este mes no se podrán prescribir electrónicamente, aunque sí en receta papel.

En rueda de prensa alertaron de las graves consecuencias que tendrá esta decisión administrativa desde cinco perspectivas. En primer lugar, se refirieron a las consecuencias que se van a derivar para los pacientes y ciudadanos de esta comunidad autónoma, a los que se va a dificultar, sin motivo alguno, el acceso a medicamentos en condiciones de igualdad efectiva respecto a ciudadanos de otras regiones, forzando, por la vía de los hechos, a cambiar el tratamiento que venían siguiendo, con los problemas de confusión y falta de adherencia que se pueden producir, y que afectarán especialmente a la población de mayor edad, pacientes crónicos y polimedicados.

En segundo lugar, aseguraron que esta medida interfiere en la libre prescripción del médico, que se verá obligado a tener que intervenir sobre unos tratamientos que no lo requerían, lo que hará que en algunos casos se decanten por sustituirlos y en otros decidan cambiarlos. Y en el caso de que, a pesar de las dificultades burocráticas que se les imponen, los médicos decidan seguir prescribiendo a sus pacientes estos medicamentos excluidos, tendrán que hacerlo en recetas de papel, con lo que puede que no queden recogidos en el histórico de tratamientos del paciente, generando una pérdida de información muy relevante desde el punto de vista clínico. “Para medicamentos que el Ministerio de Sanidad ha incluido en la prestación sanitaria pública para todos los españoles, los médicos castellanomanchegos van a tener que hacer un arreglo, poner un parche que no era necesario”, se lamentaron los representantes de Farmaindustria.

Asimismo, afirmaron que, desde el punto de vista tecnológico, se trata de una medida incomprensible, pues en un momento en el que todas las comunidades autónomas se esfuerzan por tener aplicaciones informáticas como la receta electrónica, en beneficio del paciente, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha obliga a que un gran número de medicamentos queden fuera del circuito tecnológico y sólo puedan ser prescritos en receta papel. Pero, además de incomprensible, es una medida contradictoria, ya que aunque hoy se acepta la posibilidad de que estos medicamentos se puedan prescribir en receta de papel, el objetivo de la administración sanitaria regional es que el año 2012 la receta electrónica esté totalmente implantada en Castilla-La Mancha, lo que llevará a la práctica desaparición de la receta de papel y, por tanto a la exclusión de estos medicamentos de la prestación farmacéutica de esta Comunidad.

El director de Relaciones con las Comunidades Autónomas y el director de Departamento Técnico de Farmaindustria hicieron también hincapié en que la decisión de imponer restricciones a la prescripción de 133 medicamentos ha encontrado la oposición unánime de todos los agentes de la cadena del medicamento, desde la industria innovadora, la distribución, los farmacéuticos, los pacientes y los propios médicos, “lo que en sí mismo – argumentaron – pone en tela de juicio esta medida”.

Por último, y en lo que a la industria farmacéutica se refiere, además de recordar que Farmaindustria adoptará las oportunas acciones legales para hacer frente a esta arbitraria decisión, aseguraron que la medida carece de todas las garantías que son exigibles a los actos de las Administraciones Públicas pues no se sabe qué criterios se han seguido para su adopción, cuánto se prolongará en el tiempo, cuáles son sus límites y si podría afectar en un futuro a más medicamentos.

Además, criticaron su unilateralidad al no haberse habilitado oficialmente un trámite de audiencia para las partes implicadas, a las que no se ha escuchado durante el proceso de su elaboración. “Se trata, en definitiva, de una disposición carente totalmente de transparencia, que no es neutral y que origina importantes perjuicios a las compañías farmacéuticas, que verán que las restricciones impuestas a la prescripción de estos medicamentos les puede expulsar del mercado castellanomanchego, lo que podría dar lugar a las consiguientes responsabilidades”, concluyeron.