Farmaindustria critica la decisión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de (SESCAM) de retirar del programa de prescripción de médicos (TURRIANO) 147 medicamentos, la gran mayoría de ellos sin genéricos en el mercado, que corresponden a 31 principios activos, y que a partir de ahora no se podrán prescribir electrónicamente, aunque sí en receta papel.

Se trata de una medida discriminatoria para los ciudadanos castellano-manchegos, a los que se priva del acceso a medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades e incluidos en la financiación aprobada por el Ministerio de Sanidad y Política Social para todo el territorio nacional.

Con esta decisión, llevada a cabo sin la implicación directa de los agentes de la cadena del medicamento, se restringe la capacidad de prescripción de los médicos, quebrando el espacio de su relación con los pacientes, a los que se va a ocasionar serios perjuicios con el pretexto de conseguir unos ahorros en las cuentas públicas que serán insignificantes, pues muchos de los medicamentos afectados tienen muy bajo coste. En ningún caso, supuestas razones de sostenibilidad económica pueden justificar que se rompa la equidad del sistema sanitario recortando los derechos de los pacientes, y convirtiéndolos en ciudadanos de segunda.

Excluir estos medicamentos de la prescripción electrónica es una utilización perversa de las nuevas tecnologías, como es la prescripción electrónica, toda vez que en lugar de ponerlas a disposición de los médicos y pacientes para mejorar la eficacia y la calidad de la atención que presta el SESCAM, se utilizan como barreras para rebajar los derechos de los pacientes y limitar la capacidad de prescripción de los médicos.

Esta medida supone, además, un paso más en la ruptura de la cohesión del SNS, una quiebra en la equidad en el acceso a una prestación básica, como son los medicamentos, y un nuevo elemento de agresión en los derechos de las empresas farmacéuticas titulares de medicamentos autorizados e incluidos en la prestación sanitaria pública, al tiempo que perjudica al resto de los sectores que intervienen en la cadena del medicamento, como son la distribución y los farmacéuticos con oficina de farmacia. Por todo ello, Farmaindustria apela al buen juicio de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha para que dejen sin efecto esta medida que, además, provocará una importante pérdida de puestos de trabajo, y estudiará la posibilidad de adoptar las oportunas acciones legales para hacer frente a arbitraria esta decisión.