Tal y como anunció el pasado día 13 de enero, Farmaindustria ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución que desarrolla la Ley 12/2010 por la que se crea un catálogo priorizado de medicamentos por considerar que esta iniciativa legislativa supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma Gallega y constituye una vulneración de la legalidad vigente. Asimismo, se ha pedido se suspenda la aplicación de la norma en tanto se resuelve dicho recurso, en la medida en que los daños que genera son irreparables.

Con esta iniciativa, que también ha encontrado la oposición de otros agentes sanitarios como farmacéuticos o médicos y sobre la que el Ministerio de Sanidad ha anunciado ya la presentación de un Recurso ante el Tribunal Constitucional, los pacientes gallegos han de enfrentarse a cientos de miles de cambios de envases en los tratamientos que recibían hasta ahora, con la confusión que de ello se puede derivar, cuando tendría que ser el médico el que decidiera si a cada paciente se le mantiene el tratamiento o se le cambia, decisión que no puede ser administrativa, burocrática o informática.

Se trata de una medida que atenta contra la cohesión y contra la unidad del mercado con la que, además, desde el punto de vista económico, no se van a conseguir los objetivos de ahorro perseguidos, tal y como ha reconocido el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. En cambio, sí va a tener consecuencias irreparables para distintos agentes de la cadena del medicamento. Prueba de la preocupación del sector sanitario por la situación generada a raíz de la aprobación del catálogo gallego de medicamentos es que la pasada semana el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas (AESEG) y Farmaindustria hicieron público un “Manifiesto por la sostenibilidad y la cohesión de la prestación farmacéutica” expresando su rechazo ante las restricciones a la oferta de medicamentos y productos sanitarios cubierta por la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, y alertando de las graves consecuencias ciudadanas y empresariales de estas decisiones.