Farmaindustria interpondrá, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución que desarrolla la Ley 12/2010 por la que se crea un catálogo priorizado de medicamentos por considerar que esta iniciativa legislativa supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma Gallega y constituye una vulneración de la legalidad vigente. Asimismo pedirá al Tribunal el planteamiento de una cuestión de constitucionalidad al depender la decisión y basarse la Resolución en una ley que vulnera la Constitución.

La Ley de Racionalización del Gasto en la prestación farmacéutica de la comunidad autónoma de Galicia invade las competencias exclusivas del Estado que decide los medicamentos que se incluyen en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y su precio, competencias que se consagran tanto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS (Ley 16/2003), como en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Ley 29/2006). Por su parte, el artículo 20.2 de la Ley de Cohesión prevé que las comunidades autónomas podrán tener sus catálogos, pero éstos han de contener cuanto menos el catálogo del SNS.

Por otro lado, la Ley y la Resolución modifican el régimen de financiación de los medicamentos en Galicia, careciendo la comunidad de competencias para ello, y vulneran la igualdad de acceso a la prestación farmacéutica. También afectan al derecho constitucional a la protección de la salud en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y limitan la libertad de prescripción de los médicos.

Desde una perspectiva empresarial, la aprobación del catálogo gallego, que expulsa del mercado a determinados medicamentos, constituye un punto de ruptura de la confianza de las compañías en dos cuestiones tan importantes como son, por una parte, la unidad del mercado nacional, esto es, la garantía de continuidad en la producción y comercialización de bienes y servicios en todo el ámbito estatal; y por otra, la seguridad jurídica que se debe garantizar a compañías que desarrollan una actividad y que cumplen escrupulosamente la legislación aplicable.

En otro orden de cosas, Farmaindustria alerta de que esta nueva normativa no conseguirá los ahorros que con ella persigue la Xunta de Galicia, ya que a partir del 1 de marzo entra en vigor un nuevo Sistema de Precios de Referencia que unificará, en la mayor parte de los casos, el precio de medicamentos originales y genéricos, por lo que, en dichos supuestos, el ahorro será literalmente cero a partir de la citada fecha.

Sin embargo, esta iniciativa sí tendrá importantes costes en términos de salud para los pacientes gallegos, para los que han sido excluidos de la prestación farmacéutica que reciben medicamentos que cumplen todos los requisitos legales para recibir financiación pública, y que están financiados en el resto de comunidades autónomas.

Los ciudadanos gallegos van ver cómo se resiente el tratamiento farmacológico que reciben, porque con este catálogo la Xunta de Galicia parte de la premisa falsa de que dos medicamentos con el mismo principio activo son siempre intercambiables, cuando muchas veces no lo son, y cuando tendría que ser el médico el que decidiera si a cada paciente se le mantiene el tratamiento o se le cambia, decisión que no puede ser administrativa, burocrática o informática.