La aparición de nuevos medicamentos es el mayor responsable de que las personas cada vez vivan más años. Así, sólo en la primera década de este siglo se ganaron 1,74 años de vida en los países desarrollados, de los que el 73% se puede atribuir directamente al efecto positivo de los nuevos medicamentos sobre la salud de la población. Esta innovación biomédica es consecuencia de la apuesta constante por la investigación que realiza la industria farmacéutica y que tiene como resultado que cada año se aprueben una media de unos 50 nuevos medicamentos, que en muchos casos suponen la primera opción de tratamiento para enfermedades que carecen de ellos.

Sin embargo, buena parte de esta innovación no está llegando a los pacientes españoles que la necesitan o lo hace con mucho tiempo de retraso y con elevadas restricciones en su uso. Así lo explicó este viernes la directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros, en el XXVIII Congreso de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid. “Hoy, apenas la mitad de los nuevos fármacos autorizados en Europa son financiados por el sistema en España, los que se financian lo hacen con más de 17 meses de demora desde su aprobación y muchos de los que no están incluidos es porque permanecen todavía en estudio. No sirve de nada que la agencia europea acelere la autorización de los nuevos medicamentos si luego no se consigue que en la etapa nacional se financien del mismo modo. Tenemos que garantizar entre todos que los pacientes españoles tengan un acceso rápido y equitativo a la innovación biomédica”, instó.

La principal causa de esta demora, afirmó Pineros, es que los procedimientos y la metodología utilizados están obsoletos. “El modelo actual para fijar precio y financiación pública en nuestro país se ha quedado anticuado y no es capaz de dar respuesta a la innovación biomédica actual. Los procesos se han hecho cada vez más lentos e impredecibles, lo que está provocando que los pacientes españoles no estén accediendo a los últimos tratamientos en igualdad de condiciones que pacientes alemanes, franceses o italianos, por ejemplo”, explicó.

Este deterioro en el acceso a los nuevos medicamentos en España con respecto a los países de referencia en Europa fue analizado en la mesa de debate Derecho a la protección de la salud y acceso a los medicamentos, moderada por Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario, y en la que también participaron Juan José González Rivas, expresidente del Tribunal Constitucional; Álvaro Lavandeira, doctor en Derecho y presidente del Instituto para la Investigación y Formación en Salud, y Jesús García-Foncillas, director del Departamento de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Coincidieron en que es urgente encontrar medidas para solucionar este problema, ya que esta situación estaría comprometiendo el derecho constitucional a la protección de la salud.

Clínicos y pacientes en los informes de posicionamiento terapéutico

Isabel Pineros recordó que Farmaindustria ha recogido en un documento una veintena de propuestas que ha trasladado a la Administración con el objetivo de establecer un modelo de acceso a la innovación más ágil, predecible y eficiente. “Las reformas necesarias en estos procedimientos deberían permitir que se cumpla el plazo de 180 días establecido en la legislación para la decisión sobre financiación y lograr tasas de financiación de nuevos medicamentos autorizados más cercanas a las de los países europeos de referencia”, señaló.

Para lograrlo, subrayó que es necesaria y obligada la colaboración y coordinación entre todos los actores que participan en este proceso, Ministerio Sanidad, comunidades autónomas y hospitales, profesionales sanitarios, pacientes e industria farmacéutica, y pidió promover la participación de clínicos y pacientes expertos en el proceso de aprobación y financiación de medicamentos, en línea con lo que ya se realiza en otros organismos europeos.

Esta mayor participación de los pacientes fue uno de los mensajes que también transmitió la directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria esta semana en la jornada La innovación terapéutica al servicio de las personas con discapacidad orgánica. Haciendo efectivo el derecho a la salud, organizada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). Pineros abogó por incrementar la participación de los pacientes en los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), donde se determina cuál es el valor añadido de los nuevos medicamentos e informan sobre la posición que el nuevo medicamento ocupa en comparación con otros medicamentos o medidas de salud ya existentes.

Precisamente, el funcionamiento de los IPT -en este caso en el área de la Oncología– fue el asunto debatido en una jornada organizada el lunes por la Fundación Bamberg. En este foro, Pineros recordó que estos IPT -que el Ministerio de Sanidad puso en marcha para evitar evaluaciones sucesivas que se producen en la Administración sanitaria (comunidades autónomas y hospitales) tras la decisión de financiación- no han contribuido en la práctica a mejorar el acceso a los medicamentos y, por el contrario, han supuesto una paralización del trámite de financiación mientras este informe se realiza, lo que está dilatando enormemente el periodo de aprobación, aseguró.

Prueba de la preocupante situación es que algunos pacientes pueden ser tratados con nuevos medicamentos pendientes de financiación en algunas autonomías y otros no, de acuerdo con la normativa que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales (RD 115/2009, de 19 de junio), generando inequidades en la sociedad, así como una ineficaz gestión. Conseguir que el proceso de financiación se realice con éxito, en el menor tiempo posible, es fundamental para que los pacientes dispongan de los medicamentos, sin necesidad de buscar soluciones individuales con resultado incierto para paliar el déficit de acceso.