“El modelo actual de compra pública de medicamentos por los servicios de salud debe evolucionar para poner el acento de la compra en el valor del medicamento y en los resultados en salud, más que en su precio”. Así lo explicó el director del Departamento de Relaciones con las CCAA de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, en una mesa de debate sobre las compras públicas en los sistemas de salud celebrada en el Primer Congreso Internacional de Contratación Pública, organizado hace unos días en Zaragoza. “Por este motivo, sería necesario -añadió- adecuar la actual Ley de Contratos del Sector Público al ámbito farmacéutico y poder contar con una regulación específica para la compra pública de medicamentos innovadores”.

Con estos cambios se persigue, afirmó, dar cobertura legal a la actividad habitual de compra por parte de los hospitales y dotar al sector de un modelo de compra pública que simplifique los procedimientos administrativos y dé respuesta a la gran cantidad de contratos que deben realizarse con las necesidades específicas de este ámbito. El resto de expertos que participaron en esta jornada -Juan Pemán, catedrático de Derecho Administrativo; Mario Eugenio Comba, profesor de la Universidad de Torino; Rodolfo Cancino, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de México, y Gerardo García-Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo- coincidieron en señalar que la industria farmacéutica necesita dotarse de una regulación diferente en este terreno porque es el único sector en el que la utilización de los procedimientos de compra directa negociada se produce de forma sistemática.

Mayor libertad de prescripción y de acceso a los pacientes

El objetivo final de estos cambios, como señaló Luis-Yagüe, “es que el médico pueda prescribir a su paciente -y que se le dispense- el medicamento que precisa de entre los incluidos por el Ministerio de Sanidad en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, considerando la evidencia científica disponible y su experiencia profesional, y, además, que el paciente pueda acceder en condiciones de igualdad a los medicamentos que precisa, de entre los financiados por el sistema, según el criterio de su médico”.

Para ello, la industria farmacéutica, afirmó, “está comprometida y muestra su mejor disposición a colaborar para que el proceso de compra publica de medicamentos sea exitoso, de manera que satisfaga las necesidades del comprador, al tiempo que colabora en la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud y pone a disposición de los profesionales sanitarios los medicamentos que precisen para las necesidades de salud de sus pacientes”.

Precisamente -como ha informado el medio especializado DiarioFarma– el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha presentado recientemente una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 en la que se insta a la modificación en este sentido de la Ley Contratos del Sector Público. La enmienda recoge que la Ley resulta “inadecuada e insuficiente en su redacción actual para regular la compra pública hospitalaria de los medicamentos con derechos de patente en vigor”. Además, añade que los medicamentos innovadores “no son, por su propia naturaleza, susceptibles de ser adquiridos por los procedimientos concurrenciales ordinarios”.