Las colaboraciones de la industria farmacéutica con profesionales sanitarios para facilitar la asistencia de éstos a actividades de formación médica no deberían ser considerados rendimientos en especie y, por tanto, deben estar exentas de tributación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ésta es la idea principal que defendió este miércoles el director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, José Zamarriego, durante su intervención en las Jornadas Sostenibilidad del Sistema Sanitario organizadas por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Zamarriego compartió mesa en esta sesión de las Jornadas, celebrada en la sede de la Academia en la capital hispalense, con Fernando Lamata, exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC); José Ramón Repullo Labrador, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad; y Luis Ángel Oteo Ochoa, del Departamento de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad.

En su intervención, Zamarriego explicó que la colaboración de la industria farmacéutica a la formación médica a través de patrocinios para la asistencia de profesionales sanitarios a reuniones científico-profesionales «no debe considerarse rendimiento en especie, puesto que esta formación no satisface un fin particular del individuo que la recibe, sino que está vinculada a su desempeño laboral, busca su actualización profesional y beneficia a su empleador, el SNS, y, en última instancia, al paciente».

Supuesto de exclusión

Por otro lado, en el caso de que estas colaboraciones fueran consideradas rendimientos «deberían contemplarse dentro de los supuestos de exclusión que establece la Ley del IRPF en su Reglamento, por tratarse de formación necesaria para el desempeño de su profesión«.

Previamente, Zamarriego había explicado que la iniciativa de transparencia de la industria farmacéutica, que compromete a las compañías adscritas al Código de Buenas Prácticas desde el 1 de enero de 2017 para que registren de forma individualizada todas las transferencias de valor que se realicen con profesionales sanitarios, «no cambia la situación ni la realidad preexistente, simplemente pone de manifiesto el papel clave e indispensable de la industria en el apoyo a la formación médica».