Los nuevos medicamentos que se autorizan hoy día y los que están por venir son cada vez más complejos, más específicos, e incluyen en muchos casos la realización de un diagnóstico molecular previo. Además, una vez aprobados, la investigación sobre esos medicamentos se mantiene y da lugar con frecuencia a nuevas indicaciones.

A estos cambios se suma que el nivel de acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores en España ha empeorado en los últimos años con respecto a los países de referencia en Europa, por lo que generar una mayor certidumbre en el proceso de financiación de los nuevos fármacos por parte del sistema sanitario público sería de gran utilidad para la industria farmacéutica y, especialmente, para los pacientes, que son los beneficiarios de las aportaciones en términos de resultados en salud y calidad de vida que implican estos medicamentos.

Así opina la directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros, que propone también avanzar en dar transparencia a los criterios de fijación de precio. Las compañías, sostiene, lo conocerían de antemano y se acortarían los tiempos, pudiendo preverse el momento de la comercialización efectiva.

Desde hace años, Administración y compañías vienen acordando ciertas fórmulas de financiación, como el riesgo compartido o el pago por resultados, para agilizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos. “Establecer de manera predecible para qué medicamentos o nuevas indicaciones se van a pedir a las compañías este tipo de acuerdos de financiación condicionada acortaría los tiempos”, entiende Pineros.

Para avanzar en este terreno, aboga por una mayor colaboración entre la Administración y la industria. “Esta colaboración es un aspecto fundamental para conseguir que los mejores medicamentos estén a disposición de los ciudadanos y en el menor tiempo posible”. Así lo señaló este lunes en un encuentro sobre financiación y acceso a la innovación organizado por la Fundación Bamberg.

Un plazo máximo de seis meses

La experta propuso establecer un modelo específico de financiación y fijación de precio de manera que el proceso sea “organizado, transparente, predecible y eficiente”. Este procedimiento específico, añadió, debería ordenar el trámite de financiación de los nuevos medicamentos y garantizar la eficiencia de los recursos públicos. Además, reclamó que todos los expedientes sean resueltos en el plazo que fija la norma, seis meses, de modo que, “pasado este tiempo, los medicamentos financiados estarían a disposición de los pacientes del sistema sanitario público y los no financiados podrían ser comercializados en el mercado privado. De esta forma, se limitaría la tensión que en la asistencia sanitaria y para los pacientes produce un alargamiento en el tiempo de acceso”.

En esta misma línea, también resaltó la necesidad de mejorar la anticipación, para conocer qué innovaciones van a llegar al mercado y cuándo para poder así planificar los procesos de autorización y reembolso. “En este punto es fundamental que se produzca un diálogo temprano entre las autoridades sanitarias y las compañías farmacéuticas. Si se produce este diálogo desde una fase previa, es más fácil encontrar fórmulas para dar acceso a los medicamentos cuando se haya iniciado el proceso”, resaltó.