España disfruta, desde hace décadas, de uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. Aunque resulta evidente que existen grandes áreas de mejora, en líneas generales el modelo ha sabido adaptarse a las circunstancias cambiantes en un terreno tan dinámico como el de la asistencia sanitaria, incorporando las innovaciones de forma sostenible, hasta el punto de que los españoles disponen hoy de una de las prestaciones farmacéuticas más completas que existen.

Los crecientes esfuerzos de la industria farmacéutica en materia de I+D biomédica, desarrollados cada vez más en un modelo abierto, en colaboración con hospitales, universidades y otros centros de investigación públicos y privados, han permitido la aparición de nuevos medicamentos que han sido capaces, junto a otros adelantos en el terreno del diagnóstico y el tratamiento, de proporcionar importantes avances en materia de salud.

Así, los nuevos medicamentos no sólo están detrás de dos terceras partes de la mejora de la esperanza de vida de la población registrada en la primera década de este siglo, sino que también han hecho posible curar enfermedades con gran carga de morbimortalidad como la hepatitis C, convertir en crónicas enfermedades antes mortales como el VIH/sida, cambiar el pronóstico de las patologías reumatológicas o mejorar de forma sustancial las tasas de supervivencia de distintos tipos de cáncer.

En los últimos años, fruto del imparable proceso de digitalización y del avance de disciplinas como la proteómica y la genómica funcional, ha comenzado a aparecer un nuevo tipo de terapias que han dado en llamarse personalizadas o individualizadas, al ser capaces de ajustarse a las necesidades específicas del tratamiento de cada paciente o grupo de pacientes. Estas terapias, que en su mayoría tienen una base celular o génica, son un paso crucial en la medicina de precisión, y ya han comenzado a dar sus frutos, con muy buenos resultados, en determinadas patologías, sobre todo de tipo oncológico.

Un avance imparable por la salud

La medicina de precisión hace referencia a la adaptación del diagnóstico y tratamiento médico y farmacológico a las características particulares de cada paciente o grupo de pacientes, de forma que las decisiones clínicas se toman integrando las características genómicas y moleculares de la enfermedad con la información sobre la situación clínica del paciente. En este amplio concepto entran las últimas terapias avanzadas como son los tratamientos génicos y celulares o la inmunoterapia, pero también los tratamientos oncológicos que se ajustan a las alteraciones genéticas y moleculares de cada tipo de cáncer.

El avance de la medicina de precisión es imparable, y constituye ya cerca del 50% del total de los medicamentos en fase de I+D. Según distintos estudios internacionales, este tipo de tratamientos se han incrementado de forma exponencial en la última década, y está previsto que siga haciéndolo en los próximos años.

En el caso concreto de las más recientes terapias génicas y celulares, su incorporación al arsenal terapéutico constituye una noticia muy positiva para el sistema sanitario, y en especial para los pacientes. Sin embargo, considerados de forma aislada, estos nuevos tratamientos implican un mayor coste por paciente que el de los fármacos tradicionales. Esto responde básicamente a que su coste de I+D no difiere sustancialmente del de otros fármacos dirigidos a millones de pacientes, aunque estas terapias génicas y celulares están indicadas para muy pocas personas (a veces incluso unas decenas en todo el mundo). El reducido número de pacientes al que van dirigidas hace que, frente a las voces que alertan de un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema, el coste de estas terapias es perfectamente asumible.

Tampoco hay que olvidar la existencia de un amplio abanico de mecanismos que controlan que la inversión pública en medicamentos se mantenga dentro de márgenes razonables. El primero es que es la propia Administración quien fija el precio de los nuevos medicamentos en España, y lo establece teniendo en cuenta este control. Otro factor muy relevante es la expiración de las patentes de los medicamentos innovadores, que implica la entrada de los medicamentos genéricos y las consiguientes reducciones de precios, a través de mecanismos como el sistema de precios de referencia, que permiten ahorros que se reinvierten luego en la incorporación de innovaciones.

Coste muy bajo en patologías de alto impacto

De hecho, muchas patologías de alto impacto, como enfermedades cardiovasculares, se tratan con medicamentos sin patente y a un coste por paciente muy reducido para el erario público. Buenos ejemplos de ello son el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (poco más de dos euros mensuales), el de la hipercolesterolemia con medicamentos inhibidores de la HMG-CoA reductasa (unos seis euros al mes) o el de la depresión con fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina (menos de seis euros mensuales).

La caducidad de las patentes permite, además, que en España los medicamentos con menos de diez años, es decir los que siguen protegidos por una patente, apenas representen en España el 30% de la factura total, cifra que se ha mantenido estable a lo largo de los años.

Otros factores clave de control de la inversión en fármacos son el Convenio por la Sostenibilidad suscrito entre el Gobierno y Farmaindustria y renovado recientemente para 2019, por el que las compañías farmacéuticas se comprometen a devolver a la Administración la diferencia si el gasto público en medicamentos originales crece a una tasa superior a la del PIB real, y también los nuevos modelos de financiación de medicamentos (acuerdos de pago por resultados y de riesgo compartido).

Sostenibilidad asegurada

Todo ello configura una base sólida que asegura la sostenibilidad tanto presente como futura del sistema sanitario, que al igual que ha permitido a los pacientes acceder a las innovaciones en el pasado, incluso durante la larga crisis económica, lo seguirá haciendo en los próximos años con la colaboración de todos los agentes implicados.

Esta sostenibilidad, además, es una realidad a un coste muy inferior al de los países del entorno. Así, el gasto público en sanidad asciende a 1.538 euros per cápita en España, según los datos de OCDE referidos a 2016, lo que sitúa a nuestro país un 32% por debajo de la media de los países de la Eurozona.

Por último, pero no menos importante, no hay que olvidar que los nuevos medicamentos constituyen también una importante fuente de reducción de costes sanitarios en el medio y largo plazo (menos hospitalizaciones, menos intervenciones sanitarias…), ahorro que estudios internacionales sitúan entre dos y ocho veces su coste inicial.

En definitiva, lejos de suponer riesgo alguno para el sistema, la incorporación de nuevos tratamientos es uno de los pilares más sólidos en los que se asientan los sistemas de salud más avanzados del mundo, entre los que se encuentra España. Y este escenario positivo, en lo que respecta a la innovación farmacéutica, se debe especialmente a un marco regulatorio que prevé una protección suficiente de los derechos de propiedad industrial para estimular la inversión en investigación para, posteriormente, cuando estos derechos expiran y hacen posible la llegada de genéricos y biosimilares, se reduzcan los precios.