Pedro Luis Sánchez (Farmaindustria) y César Hernández (Aemps).

Los medicamentos generan, en primer lugar, beneficios en materia de salud y calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Pero además, como resulta obvio, proporcionan múltiples beneficios tanto al sistema sanitario como al conjunto de la sociedad, a través del ahorro de costes hospitalarios y otros recursos sanitarios, de la reducción de bajas laborales y del incremento de la productividad, sin olvidar el efecto multiplicador que la inversión en I+D biomédica tiene sobre el tejido investigador de los países.

Todos estos elementos configuran el auténtico valor social del medicamento innovador y han de ser tenidos en cuenta por el regulador al decidir sobre la financiación pública y precio de los nuevos tratamientos. “El regulador deberá analizar cuáles son los elementos de valor adicional aportado por un fármaco y, como representante del conjunto de la sociedad, decidir por cuáles de ellos está dispuesto a pagar y cuánto”, explica Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, que participó este martes en la II Jornada Post-Ispor, celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En este sentido, y tal como establecen los principios de buena práctica reguladora de la OCDE, es importante considerar la distribución de los efectos de una determinada regulación en el conjunto de la sociedad y tomar en consideración sus efectos económicos y sociales, así como promover la innovación a través de incentivos de mercado.

Todo esto, por supuesto, debe plantearse en un contexto de conciliación del acceso de los pacientes a la innovación y la sostenibilidad del sistema sanitario, desafío con el que la industria farmacéutica está firmemente comprometida.

En lo que se refiere a la evaluación de la aportación clínica del fármaco, el director de Estudios de Farmaindustria sostiene que el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) constituye “la herramienta fundamental”. “No obstante –señala–, aunque su implantación está ya más que consolidada, existen posibilidades de mejora, en cuanto a plazos de la evaluación, participación de los distintos agentes implicados y trabajo en paralelo con el resto de procedimientos de la evaluación económica, como el impacto presupuestario, la evaluación coste-efectividad o el impacto sobre el PIB”.

A su vez, no hay que olvidar que sigue existiendo preocupación general en el ámbito europeo acerca de cómo evaluar la eficacia relativa de los medicamentos, tal y como pone de manifiesto la propuesta de reglamento elaborada por la Comisión Europea que, tras su paso por el Parlamento Europeo, se encuentra actualmente en trámite en el Consejo.

Análisis de los resultados en salud

En definitiva, el representante de Farmaindustria aboga por maximizar la eficiencia económica mediante el análisis del valor que aportan los medicamentos en términos de resultados en salud y costes; profundizar en los acuerdos de riesgo compartido entre Administración y compañías farmacéuticas; emplear esquemas innovadores para la financiación de medicamentos; estudiar la llegada futura de nuevas innovaciones así como las próximas expiraciones de patentes (horizon scanning) e ir más allá del mero análisis de coste-efectividad, utilizando herramientas como el análisis de decisión multicriterio.

Por último, considera que ha llegado el momento de hacer frente a dos nuevos retos regulatorios, que son la necesidad de articular precios distintos por indicaciones y analizar mecanismos para el establecimiento del precio de medicamentos administrados en combinación.