Las comunidades autónomas disponen de plenas competencias para gestionar la prestación farmacéutica pública, si bien las medidas que adopten no pueden limitar el acceso de los pacientes a los medicamentos incluidos en el Sistema Nacional de Salud ni menoscabar la libertad de prescripción de los médicos. Sin embargo, diferencias de presupuesto y gasto sanitario entre las autonomías y otras medidas de carácter local pueden poner en riesgo la equidad en el acceso prevista por la ley.

Así lo explicó este martes en Madrid el director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, que constató la existencia de diferencias de hasta 500 euros por persona y año en presupuesto sanitario dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, sobre una media de 1.306 euros per cápita, y pidió una reflexión para evitar que la legítima capacidad de gestión de los gobiernos autonómicos distorsione la equidad.

A las diferencias de inversión en prestación sanitaria se suman otras medidas de gestión en algunas autonomías, como “diferentes controles informáticos de la prescripción, reevaluaciones de medicamentos ya aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, penalizaciones a la prescripción de innovaciones, subastas de medicamentos de dispensación en atención primaria o programas de intercambio terapéutico, que profundizan más si cabe las citadas diferencias”, agregó Luis-Yagüe.

El representante de Farmaindustria, que participó en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid en el IV Congreso Nacional de Relaciones Institucionales, reclamó, frente a este tipo de medidas locales, abordar desde una perspectiva de Sistema Nacional de Salud el problema de la falta de eficiencia en el uso muchos de los recursos sanitarios públicos, algo que ocurre en la mayoría de los países y que la OMS cifra en el 20-30% del gasto total. Este problema responde a cuestiones como duplicación de pruebas diagnósticas, desajustes de gestión, problemas de coordinación entre niveles asistenciales, utilización de fármacos con efectividad limitada o variabilidad injustificada de la práctica clínica.

Es precisamente en este contexto en el que se impone la necesidad de empezar a medir los resultados en salud de las innovaciones, tal como señaló Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, que también participó en el foro.

Para Sánchez, “la búsqueda de la eficiencia será una constante para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero tomar decisiones eficientes pasa por medir tanto los resultados en salud como los costes de las innovaciones”, algo esencial en un momento en el que las políticas de fijación de precios de los medicamentos se enfrentan a nuevos escenarios complejos, como las indicaciones múltiples para un mismo fármaco o el uso de terapias combinadas.

Sánchez, que habló de las tendencias que se dibujan para los próximos años en materia de medicamentos, restó credibilidad a ciertos mensajes alarmistas sobre potenciales problemas de sostenibilidad del sistema sanitario en España ante la llegada de innovaciones y presentó análisis prospectivos de la Comisión Europea que prevén crecimientos del gasto sanitario moderados en los próximos 50 años.

Con respecto a la mejora de la eficiencia, subrayó la oportunidad que implica la llegada de farmacoterapias cada vez más precisas, que demandan y facilitan a la vez una más fina medición sobre costes y resultados, y destacó la creciente importancia de la colaboración internacional en materia de evaluación de la efectividad y la fijación de precios.