Eliminar ineficiencias, medir los resultados en salud y lograr una mayor flexibilidad en la gestión, evitando diferencias de acceso a la innovación en las distintas autonomías, serán elementos clave para asegurar el acceso futuro de los pacientes a las innovaciones terapéuticas, sobre todo en un momento en el que la industria farmacéutica está realizando importantes avances en materia de I+D de nuevos medicamentos y hay ya 7.000 fármacos en desarrollo en todo el mundo para diversas áreas terapéuticas.

Así lo explicó el director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, en su intervención en el I Foro Lazarillo de Tormes, celebrado en Salamanca este viernes bajo el título El partenariado en la calidad y eficiencia sanitarias.

Luis-Yagüe centró su intervención en el desafío que supone, para los sistemas sanitarios, atender una demanda asistencial creciente derivada del envejecimiento de la población y el incremento de los pacientes crónicos, garantizando el acceso a las innovaciones en condiciones de equidad (algo que actualmente está en riesgo) y en un entorno presupuestario necesariamente limitado.

Cabe destacar también, en este contexto, que los sistemas de salud deberán ser capaces de lograr este objetivo con un presupuesto que, lejos de ampliarse, tiende a reducirse en el futuro, según las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que prevén que el gasto sanitario público se sitúe en 2020 por debajo del 5,6% del PIB, muy lejos de las cifras superiores al 6% de los primeros años de esta década.

De hecho, el gasto sanitario por habitante en España es, actualmente, un 41% inferior a la media de la Eurozona, un diferencial que ha ido empeorando con los años, ya que en 2009 era del 30%. “Este diferencial debería ser corregido, ya que el sistema español precisa de una financiación acorde el alcance, contenido y calidad de sus prestaciones”, sostiene Luis-Yagüe. Lo mismo ocurre con el gasto farmacéutico público por habitante, que asciende a 223 euros per cápita en España, frente a los 325 de la media de la Zona Euro, lo que supone un 31% menos.

Paralelamente, el gasto farmacéutico ha experimentado una importante reducción en los últimos años, ya que ha pasado de representar el 19,4% del gasto sanitario total en 2010 al 16,1% en 2015. En el caso del gasto público en recetas del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha experimentado una importante reducción del 18,8% en el periodo 2010-2016.

Para lograrlo ha sido clave, entre otros factores, la implicación de la industria farmacéutica en la solvencia del sistema sanitario, como lo demuestra el Convenio por la Sostenibilidad suscrito por el Gobierno y Farmaindustria y que obliga a limitar el crecimiento del gasto público en medicamentos al del PIB, con todo lo que ello supone para un sector netamente innovador e intensivo en I+D. “Este Convenio es la mejor prueba de la implicación de la industria farmacéutica con la sostenibilidad del sistema sanitario, del que constituye uno de los pilares esenciales”, agrega.

Prueba también de este compromiso con el sistema sanitario es la inversión en I+D de la industria farmacéutica, que supone ya el 20% del total industrial en España y mantiene al sector farmacéutico innovador como líder industrial absoluto en este ámbito en España, con 1.085 millones de euros en 2016 (un 8% más que en 2015).

De esta cantidad, el 45% (unos 493 millones) se destinó a contratos de investigación extramuros, fundamentalmente con el ámbito público (centros de investigación, hospitales, universidades y otros organismos), lo que convierte a la industria farmacéutica en el principal impulsor de la colaboración público-privada biomédica en España, así como el principal agente a la hora de garantizar la formación continuada, como ha quedado de manifiesto a finales de junio con la publicación, por segundo año consecutivo, de las transferencias de valor de la industria a las organizaciones y profesionales sanitarios.

El representante de Farmaindustria consideró, por último, que ha llegado el momento de que las distintas administraciones dejen de ver los medicamentos innovadores como fuente de gasto cuando en realidad constituyen una inversión en salud que, además, disminuyen el coste neto de las enfermedades, y en concreto el coste de la asistencia sanitaria, y repercuten positivamente sobre la productividad de la sociedad.