Mariano Guerrero (Ribera Salud), Jesús Aguilar (CGCOF), Esther Sabando (Plataforma de Asociaciones de Pacientes) y José Ramón Luis-Yagüe (Farmaindustria), durante el debate.

La prestación farmacéutica es uno de los medios que permiten hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud. Nuestro marco normativo dispone claramente que la competencia para establecer los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por su parte corresponde a las Comunidades Autónomas la gestión de esta prestación, estando garantizado “por ley” la libertad de prescripción del médico y el derecho del paciente a acceder a estos medicamentos en condiciones de equidad, sin que puedan existir diferencias de acceso en función de su localidad de residencia o de otras circunstancias.

Sin embargo, la existencia en las comunidades autónomas ciertas limitaciones, como es la existencia de órganos y mecanismos de reevaluación de medicamentos que ya han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), o en su caso por la agencia europea, e incluidos por el Ministerio en la prestación pública, puede poner en cuestión los citados principios y dar lugar a diferencias en el acceso a la prestación farmacéutica, según el lugar de residencia de los pacientes.

Cabe incluso plantearse si estas reevaluaciones autonómicas plantean problemas de eficiencia, por el coste que conlleva con cargo a los presupuestos sanitarios de las comunidades, tal como indicó este martes el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, en el marco de un foro de debate organizado por el diario La Razón y la Fundación Bamberg con la colaboración de Novartis.

“Este modelo no es eficiente ni proporciona estabilidad ni predictibilidad”, indicó Luis-Yagüe, que aseguró que los médicos “no pueden prescribir con la misma facilidad los mismos medicamentos en unas comunidades que en otras”, debido a la existencia de “barreras que introducen dificultades de acceso a medicamentos que cumplen con todos los requisitos legales”. “Hay comunidades donde el médico tiene que dar cuatro o más clics en el sistema de prescripción informático para poder prescribir lo que considera que necesita su paciente, frente a otras en las que con un solo clic puede hacerlo. Además, hay medicamentos que son de dispensación en la farmacia comunitaria en una comunidad y que, sin embargo, se dispensan en el hospital en la comunidad de al lado; en otros casos el sistema informático hace que se cambie una medicación, desde una marca a un genérico, en el caso de recetas de repetición, algo difícil de entender y de justificar, cuando ambos tienen el mismo precio”, añadió.

Adicionalmente a esto, cuando a partir de los datos disponibles de gasto sanitario público, que facilita el Ministerio de Sanidad, se analiza el gasto sanitario per cápita, se encuentran diferencias entre comunidades autónomas de hasta el 60%, que difícilmente son justificables en base a cuestiones epidemiológicas, sociodemográficas o de una mayor eficiencia en la gestión. Aún siendo esto relevante, porque puede poner en cuestión la equidad del sistema, lo realmente trascendente debería ser el poder correlacionar este gasto con los resultados en salud. A este respecto, aunque ya se han dado pasos en la dirección de medir estos resultados y los costes de los procesos asistenciales, aún queda mucho camino que recorrer. “Sabemos el coste de determinadas intervenciones hospitalarias, a través de los GDR, o el coste en medicamentos dispensados a través de receta en las farmacias comunitarias, pero no se dispone de información sobre el coste total de los procesos atendidos, ni el peso que cada una de las intervenciones tiene en el mismo”.

El reto de medir resultados en salud

En este contexto, es necesario asumir el reto de medir de forma realista los resultados en salud y los costes de cada proceso, mediante una contabilidad analítica robusta, con el fin de avanzar de forma efectiva para garantizar la eficiencia del gasto. Esto supone, a juicio de Luis-Yagüe, “pasar de gestionar procesos a gestionar resultados y para ello es necesario, además, introducir criterios de flexibilidad presupuestaria y organizativa”. La evidencia pone de manifiesto el cambio que ha supuesto en muchas enfermedades la innovación terapéutica que, aunque inicialmente haya incidido sobre el gasto en la partida de medicamentos, disminuye el coste total de atención al proceso.

“Es el caso de los inhibidores de la bomba de protones; hasta la llegada de estos fármacos las úlceras sangrantes suponían el 80% de la actividad quirúrgica de los servicios hospitalarios y hoy constituyen sólo el 7%. Hubo, por tanto, que reorganizar los recursos medico quirúrgicos, al igual que habrá que hacer en un futuro muy próximo en el ámbito de los trasplantes de hígado y los servicios de Hepatología, tras la aparición de nuevos tratamientos efectivos contra la hepatitis C o muy probablemente con las unidades de control de sintrom, en el caso de la anticoagulación, por citar solo dos ejemplos”.

Hacer una correcta evaluación de los resultados en salud y de los costes de los procesos, de manera completa e integral, es un factor clave para hablar del coste de las nuevas terapias. “La innovación ahorra recursos al sistema cuando se evalúa en su totalidad, además de ayudarnos a avanzar en la lucha contra la enfermedad y en la mejora de la salud y de la esperanza de vida de los pacientes”, sostiene Luis-Yagüe.