Después de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la cuarta convocatoria pública para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de esa comunidad autónoma cuando sean prescritos o indicados por principio activo, Farmaindustria interpondrá un nuevo recurso contencioso-administrativo contra esta decisión del Gobierno andaluz por considerar que vulnera la legislación vigente en materia de medicamentos y confía en que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad haga uso de las atribuciones que le confiere la Ley y presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esta resolución del Servicio Andaluz de Salud supone un quebranto del actual marco regulatorio español. En concreto, contraviene lo dispuesto en el artículo 88.1 de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios que establece que las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Cabe recordar, además, que esta Ley estipula que las medidas de racionalización serán homogéneas en todo el territorio nacional sin producir distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.

Esta convocatoria, que además desactiva el actual sistema de precios de referencia español, tiene efectos muy negativos para la industria pero, lo que es más importante, los tiene también para el sistema público de salud y para los pacientes andaluces, dado que rompe la equidad en la prestación farmacéutica de nuestro sistema sanitario y limita el acceso a los pacientes de Andalucía a medicamentos disponibles para otros usuarios españoles del sistema público de salud.

Los efectos para los laboratorios farmacéuticos son también muy dañinos, ya que esta selección de medicamentos fragmenta el mercado interior español, expulsa de facto del mercado andaluz a productos autorizados para venderse en todo el territorio nacional y restringe la competencia. Supone, por último, un comportamiento oportunista, ya que el riesgo alto de desabastecimientos que genera viene cubierto por el seguro suministro de medicamentos de empresas que actúan en el resto de España pero que no han sido seleccionadas en esta convocatoria.