Ante la convocatoria hecha pública ayer por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) del Acuerdo Marco que pretende homologar distintos medicamentos para hospitales sobre la base de supuestas equivalencias terapéuticas en determinadas indicaciones, Farmaindustria manifiesta su profundo rechazo a esta medida por sus funestas consecuencias sobre la innovación y, por tanto, los perjuicios que provoca a pacientes, profesionales sanitarios e industria. Por ello, emprenderá todas las acciones legales a su alcance, al considerar que constituye una vulneración de la legalidad vigente y una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma andaluza.

Asimismo, pedirá al Gobierno que haga uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que en su nuevo artículo 88 dispone que las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Asimismo, estipula que esas medidas de racionalización serán homogéneas en todo el territorio nacional sin producir distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.

Farmaindustria rechaza de plano esta iniciativa del SAS que rompe la equidad del sistema sanitario, restringe la capacidad del médico de prescribir los tratamientos que considere idóneos y, en especial, discrimina a los pacientes andaluces, a quienes recorta sus derechos por motivos económicos, al limitar su acceso a medicamentos incluidos en la prestación por el Ministerio de Sanidad.

Lamenta, asimismo, la agresión que supone a las empresas farmacéuticas innovadoras y sus legítimos intereses, y la pérdida confianza de las compañías en la seguridad jurídica, rompiendo la unidad del mercado farmacéutico, con el riesgo que ello implica para la continuidad en la producción y comercialización de productos farmacéuticos en todo el ámbito estatal. Esta medida, que menoscaba el valor del medicamento, supone un claro ataque a la innovación farmacéutica y un desincentivo para las inversiones en I+D en España y para la investigación de nuevas terapias.