La Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), a la que pertenece Farmaindustria, ha presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea para impugnar las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor previstas en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (UWWTD). La industria impugna la Directiva para obtener mayor claridad sobre cómo la decisión de incluir solo dos sectores para asumir la responsabilidad del tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas de Europa se alinea con los principios de que quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación propios de la UE.

Efpia apoya el principio de “quien contamina paga”, según el cual todos los productores responsables de la contaminación deben rendir cuentas y asumir los costes de la contaminación que han causado.  Por ese motivo, la decisión arbitraria de responsabilizar únicamente a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas no solo es intrínsecamente injusta, sino que socava la ambición del Pacto Verde y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes en el agua. A pesar de las solicitudes, Efpia no ha podido ver los datos y la metodología utilizados por la Comisión Europea para llegar a esta decisión.

La industria farmacéutica basada en la investigación tiene el firme compromiso de minimizar el impacto de los productos farmacéuticos en el medioambiente. Así, Efpia y sus miembros se han comprometido a pagar la parte que les corresponde de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas en función del volumen de microcontaminantes presentes en ellas y a aplicar la Directiva de forma justa, previsible, proporcionada y no discriminatoria.

“Europa necesita una legislación medioambiental que funcione, en la que se incentive a todos los sectores a reducir de forma sostenible los microcontaminantes y en la que los costes del tratamiento para los productores estén alineados con el volumen de microcontaminantes presentes en nuestras aguas”, asegura Nathalie Moll, directora general de Efpia. “Los principios de la propia UE de no discriminación, proporcionalidad y de que quien contamina paga no se reflejan en la Directiva y deben aplicarse rigurosamente para crear un sistema más justo. Creemos que la decisión de emprender acciones legales está estrechamente alineada con estos principios y refleja el esfuerzo de esta Comisión por garantizar que toda la legislación sea coherente y respalde la competitividad europea. Nuestra industria apoya la ambición de la legislación y está 100% comprometida a pagar su parte justa”, añade.